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Todo el campo aportó al enriquecimiento industrial

Publicado en El Periódico de Tucumán, Argentina, el 27 de febrero de 2011

Por Marcos Mirande

El “gobierno nacional y popular”, caracterizado por un “modelo de inclusión social” que busca “agregar valor” a la producción primaria, hace agua si se analizan los resultados de la política de intervención en los mercados agropecuarios, para  “defender la mesa de los argentinos” y “asegurar la soberanía alimentaria” en base a un impulso a la producción agropecuaria.

El sistema de retenciones a las exportaciones -con el aumento de las alícuotas establecidas por el kirchnerismo- desalienta la producción primaria. Si los precios internacionales estuvieran dentro de la media histórica, el cultivo de granos -incluido el de la soja- sería antieconómico.

En el sector ganadero, esta misma política de limitación de exportaciones e intervención en el precio interno trajo aparejada la desaparición de diez millones de cabezas de hacienda. Los buenos precios actuales, consecuencia directa de esa reducción del stock, y por ende de la oferta, están revirtiendo la tendencia y se advierte una incipiente reducción en la faena de hembras.

En la cadena láctea la intervención estatal causó estragos que están siendo solucionados por el mercado externo, pero, al igual que en el sector de la carne, las heridas sufridas por productores e industriales son difíciles de cicatrizar.

Con el propósito -entre otros- de lograr que el kilo de pan se mantuviera en $ 2,50, el 11 de enero de 2007 el Gobierno implementó un sistema destinado a otorgar compensaciones al consumo a través de los industriales y operadores que vendan en el mercado interno productos derivados del trigo. Los fondos saldrían de las retenciones a los mismos productores de ese cereal y también de otros granos, especialmente de soja.

Según un trabajo efectuado por el analista de mercados granarios, Carlos Etchepare, en base a los propios datos oficiales, la distribución de esas compensaciones -desde el año de su creación- fue bastante despareja.

La industria molinera cobró 3.815 millones de pesos; los feed lots 2.200 millones; la industria avícola, 2.100 millones; los tamberos 1.098 millones; la industria láctea 617 millones, y los productores de trigo 379 millones de pesos, incluyendo la última etapa en la que se devolvieron algunas retenciones. Los productores de cerdos, en tanto, cobraron sólo 90 millones de pesos.

“Esta es la distribución del sistema de compensaciones, por el cual el pan iba a seguir valiendo $ 2,50 por kilo, además de fomentarse el agregado de valor a la producción primaria, lo que tampoco se está dando porque en los últimos años se está exportando menos harina de trigo. Los principales beneficiarios de este sistema fueron entonces los industriales molineros, los feedloteros y los industriales avícolas, pero no sirvió para que en la mesa de los argentinos haya pan, carne y pollos baratos. Sí para que algunos del gobierno hagan buenos negocios”, se queja Etchepare.

A pesar de los casi cuatro mil millones en subsidios cobrados por la industria molinera, en la mesa de los tucumanos el pan vale hoy el doble de aquel precio soñado, y en la de los porteños entre ocho y doce pesos.

La intervención estatal, entonces, no agregó valor porque lo que cobraron los  industriales fue aportado por la producción primaria a través de las retenciones. El dinero salió de los bolsillos de miles de agricultores y fue a parar a los de unos pocos molineros.

El sistema tampoco defendió la mesa de los argentinos ni aseguró la soberanía alimentaria, porque hoy el pan y la carne valen mucho más de lo que se pretendía y el cultivo de granos sólo es posible gracias a los altos precios internacionales.

A la vista de estos resultados, la inclusión social se asemeja más a una quimera creada por la propaganda oficial que a una realidad superadora de las condiciones de vida de la población.

Al cierre de esta edición se conoció la noticia de que el Gobierno disolvió la Oficina de Control Comercial Agropecuario (Oncca) y creó otro organismo cuya línea ofensiva está integrada por dos viejos y conocidos jugadores: Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, y Ricardo Echegaray, titular de la Afip.

El tiempo dirá si esta movida significa una aceptación del fracaso del intervencionismo, si- por el contrario- se insistirá con el error, o bien si se trata sólo de un “cambio de razón social” a los efectos de echar en el arcón de los olvidos algunos pecadillos como el pago de subsidios a empresas fantasma y otros.